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La Comisión Europea propone multas a las tecnológicas de hasta el 10% de sus ingresos

  • La CE obligará a las tecnológicas a eliminar todo el contenido ilegal de sus páginas web y plataformas
  • La ley de mercados digitales también exigirá las grandes tecnológicas a notificar la compra de otra empresa

La Comisión Europea (CE) ha planteado la imposición de multas de hasta el 10% de sus ingresos a las grandes empresas tecnológicas, con el fin de evitar su supuesto abuso dominante. En este planteamiento, también las obligará a eliminar todo el contenido ilegal de sus páginas web y plataformas, aunque provenga de terceros.

Estas nuevas normativas actualizarán la normativa de comercio electrónico del año 2000

Estas nuevas normativas se han presentado en el borrador de las nuevas leyes de servicios y de mercados digitales, que actualizarán la normativa de comercio electrónico del año 2000 y buscan otorgar el "mismo nivel de protección online que fuera de línea", según ha explicado Ursula von der Leyen, la Presidenta de la Comisión Europea, en LinkedIn.

"Es 2020. Ya no hay un mundo digital por un lado y un mundo real por el otro. (...) Los ciudadanos necesitan información confiable, servicios y bienes seguros, mercados digitales libres y justos: estamos estableciendo las reglas para la Década Digital de Europa", ha añadido la Presidenta de la Comisión Europea, al dar a conocer las normativas.

Nuevas normativas

La nueva ley de servicios digitales obligará a tecnológicas como Facebook, Twitter o TikTok a eliminar el contenido ilegal de sus páginas web -aunque provenga de terceros- y también les exigirá más transparencia en el funcionamiento de los algoritmos que controlan la información que ven los usuarios.

Las tecnológicas estarán obligadas a contar con un representante legal en Europa

Por su parte, la ley de mercados digitales, con el fin de evitar posibles monopolios, obligará las grandes tecnológicas a notificar a la Comisión Europea la compra de otra empresa para que esta analice “si la adquisión es para hacer algo prohibido”. El objetivo es  disminuir el poder de estas compañías, impidiéndoles usar datos de sus clientes comerciales para mejorar su competencia.

Asimismo, estas nuevas normativas también contemplan que las tecnológicas se vean obligadas a contar con un representante legal en Europa con el que se puedan poner en contacto las autoridades pertinentes.

Demanda de Estados Unidos y posibles multas en Reino Unido

Estas nuevas normativas siguen la línea de las multas a las que también las grandes tecnológicas se podrían enfrentar en Reino Unido por difundir contenido dañino. Las autoridades inglesas están planteando imponer multas de hasta 18 millones de libras esterlinas o el 10% de la facturación global anual de una empresa, en estos casos.

Además, en Estados Unidos, 46 estados y la Comisión Federal de Comercio se unieron la semana pasada para presentar demandas contra la empresa de Mark Zuckerberg por "monopolio". El objetivo era que redujese el alcance de su compañía y se desprendiese de activos como WhatsApp e Instagram, plataformas que ha adquirido en los últimos años.

Otras multas de la Comisión Europea a tecnológicas

No sería la primera vez que la Comisión Europea impone una multa a una tecnológica, ni que las investiga. Por ejemplo, en 2019, la CE sancionó a Google con 1.490 millones de euros por abusar de su dominio en los anuncios de búsqueda en línea, y era la tercera vez que lo hacía, sumando un total de 8.200 millones de euros en multas.

En 2019 la CE sancionó a Google con 1.490 millones

Ese mismo año también se conoció que esta institución europea estaba investigando a Google y a Facebook por el uso de sus datos y por si la criptomoneda que Mark Zuckerberg pretendía lanzar excluía a competidores.

Finalmente, cabe destacar que en julio de 2020, la Justicia Europea anuló una de las mayores multas que la Comisión Europea había impuesto a una tecnológica: 13.000 millones de euros a Apple. La CE había dictaminado que esa cantidad debía ser devuelta a la República de Irlanda, tras haberse beneficiado de un acuerdo fiscal que Bruselas consideró ilegal. Sin embargo, aún se desconoce cuál será la sentencia final, porque la Comisión Europea ha recurrido la sentencia.