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Las subidas tarifarias en telecomunicaciones son el Peor Abuso del Año

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Las subidas tarifarias en telecomunicaciones son el Peor Abuso del Año

  • Los usuarios denuncian falta de competencia en este sector
  • Las líneas 902 han sido las segundas más votadas en los premios FACUA

Después de “castigar” a Endesa con el premio a la peor Empresa del Año y al Ministerio de Sanidad e Igualdad con el Peor Anuncio, los consumidores han señalado las subidas de tarifas en el sector de las telecomunicaciones como el Peor Abuso del Año.  

Los Premios FACUA

Este es el abuso que ha tenido más votos en la novena edición de los premios convocados por FACUA. Los usuarios critican los sucesivos incrementos en sus tarifas y denuncian que no hay competencia real en un sector dominado por un oligopolio.

También competían por el "premio" las ofertas fraudulentas de las eléctricas y la banca

“Los incrementos de tarifas de las grandes telecos ponen de manifiesto que no hay competencia real en el sector, dominado por un oligopolio que en los últimos años ha fagocitado a compañías como Jazztel, Tele2 y Ono”, aseguran desde FACUA Consumidores en Acción. Las subidas han recibido el 33% de los votos de los consumidores en esta categoría de los premios que se celebran desde 2010.

En segundo lugar han quedado las líneas 902, que han obtenido el 24% de los votos y ya fueron ganadoras en la quinta edición de estos premios. También estaban nominadas las ofertas fraudulentas de las grandes eléctricas que envían a comerciales a los domicilios de los usuarios para ofrecer supuestos descuentos en el recibo; y la negativa de la banca a devolver la totalidad del dinero defraudado con la cláusula suelo.

Sobre las telecomunicaciones, desde FACU aseguran que “durante el último año, Movistar, Vodafone y France Telecom (Orange y Jazztel) han continuado subiendo sus tarifas, aprovechando que operan en un sector liberalizado donde el Gobierno no fija los precios máximos aplicables en ninguno de sus servicios”. Y recuerdan que en febrero pidieron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abriese una investigación para determinar si las prácticas de estas compañías implicaban un pacto contrario a la legislación en materia de competencia.