El Consejo de Ministros ha aprobado, en primera lectura, el Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, con el que el Gobierno pretende incrementar la transparencia y la objetividad y evitar discriminación en la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación. Una de sus medidas principales es el establecimiento de un límite del 35% a los ingresos de los medios de comunicación procedentes de campañas del sector público.
El texto ha sido impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y forma parte del Plan de Acción por la Democracia que el Presidente, Pedro Sánchez, presentó en julio de 2024 con medidas para el poder ejecutivo, el poder legislativo y los medios de comunicación con el objetivo de proteger y fortalecer el sistema democrático.
El texto se alinea con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación
El anteproyecto supone la adaptación de la legislación española al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), en aplicación desde agosto del año pasado, y cuya misión es la protección de la libertad, independencia y el pluralismo de los medios de comunicación en todo el territorio comunitario.
En consecuencia, el nuevo texto deroga la Ley 29/2005, 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, y se adapta a la realidad digital y al panorama informativo actual. Y es que, entre otras cosas, incorpora a las plataformas digitales como destinatarios regulados de la publicidad institucional, como lo han sido hasta ahora los medios de comunicación tradicionales.
Según ha explicado Óscar López, Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público persigue dos objetivos: por un lado, garantizar la transparencia de cara a los ciudadanos, “para que sepan dónde van sus recursos, a qué campañas y medios se destinan sus impuestos”; y garantizar la independencia real y económica de los medios de comunicación.
Ha asegurado que el mercado publicitario español alcanza los 13.000 millones de euros, de los cuales 2.700 millones inversión pública, cifras que evidencian la relevancia y el impacto de la publicidad de la Administración. “La publicidad del sector público cumple un papel esencial de información a los ciudadanos, pero no se puede convertir nunca en un medio de compra de medios. Esta es una ley importante para nuestra democracia", ha comentado en la rueda de prensa.
La principal novedad de la norma es el establecimiento de un límite a los ingresos procedentes de publicidad institucional por los medios de comunicación y plataformas digitales. Se fija en el 35% de la cifra de negocio neta anual o de la del grupo empresarial al que pertenezcan y abarca la suma de la inversión recibida por parte de los tres niveles de la administración (estatal, regional y local).
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Por otro lado, el texto contempla un registro público de medios, en el que cada uno, según explican desde el ministerio, deberá hacer pública su denominación, los nombres de sus titulares directos o indirectos que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre su funcionamiento y el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado
Además, la normativa exige a los medios el uso de sistemas de medición de audiencia que cumplan con la norma europea que obliga a que sus metodologías sean transparentes; así como transparencia en relación a sus tarifas y precios publicitarios.
Se publicará un informe anual de publicidad detallando el destino de los fondos públicos
El anteproyecto también establece un régimen básico aplicable a todas las administraciones públicas, implantando la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónoma en el control del gasto publicitario. Todas ellas deberán remitir la información acerca de su seguimiento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
En este sentido, la transparencia aplica también a la actividad de las administraciones. El texto propone la creación de un informe anual de publicidad, que será aprobado por el Gobierno y presentado a las Cortes antes del 30 de junio, y que incluirá información detallada sobre los destinatarios finales de los fondos.
El anteproyecto será sometido a audiencia pública, y a consulta de las diferentes comunidades autónomas y entidades locales, y deberá volver al Consejo de Ministros para recibir la aprobación definitiva antes de comenzar su tramitación parlamentaria como proyecto de ley.
