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La industria tecnológica en Brasil, contra la ley de espionaje
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La industria tecnológica en Brasil, contra la ley de espionaje

La ley de Rousseff obligaría a las empresas de Internet a almacenar los datos de los usuarios. La industria brasileña cree que el efecto será contrapoducente.  

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Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, ha lanzado un plan por el que obliga a las empresas de Internet a almacenar datos de los usuarios dentro del país. Para analistas y ejecutivos de la industria esta medida puede hacer peligrar las inversiones de empresas como Google, Facebook y Twitter. 

 

La polémica surgió a raíz de la filtración de unos documentos que demostraban que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) espiaba a la población brasileña, a la mayor empresa del país, Petrobas, y a sus propias comunicaciones. 

La respuesta fue poner en marcha una legislación por la que las grandes compañías de Internet en la región deberán almacenar datos de los usuarios dentro del país. 

 

El proyecto de ley aún no se ha hecho público. Tampoco se conocen las empresas implicadas. 

Esto podría afectar a la inversión y a los planes que muchas empresas tienen en Brasil. 

Además, fuentes del sector señalan que esta medida podría traer riesgos. El hecho de que haya una única base de datos en un país la hace más vulnerable a un ataque cibernético. 

 

Por el momento el gobierno se niega a abandonar sus planes. 

 

Un estudio encargado a BRASSCOM por la industria de telecomunicaciones de la región señala que los costes de llevar a cabo dicha ley serían de hasta un 100% más altos que en EEUU. Sobre todo por el alto coste de la electricidad y los impuestos sobre tecnología importada.

 

Una medida que el gobierno planea es la de incentivar económicamente a las empresas que deseen fabricar servidores en Brasil. 

 

Rouseff ha hecho de esta nueva legislación una prioridad. La votación podría tener lugar a finales de octubre. Molon, congresista del partido de Dilma, señala: “Las cosas no pueden quedarse como estaban. Necesitamos una respuesta política contra un acto político que viola nuestra soberanía”. 

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