Estonia se ha convertido, junto a Bélgica, en uno de los pocos países de la Unión Europea que han rechazado sumarse a la llamada Declaración de Jutlandia, un compromiso político firmado en octubre de 2025 por la mayoría de Estados miembro para restringir el acceso de menores a las redes sociales. Mientras países como Francia, España o Austria han avanzado en limitaciones por edad -e incluso Australia ha prohibido ya el acceso a menores de 16 años-, el gobierno estonio cuestiona la eficacia real de este enfoque.

Desde el Ejecutivo, la posición se argumenta alegando que las prohibiciones basadas en la edad son difíciles de aplicar y fácilmente eludibles. Argumentan que los menores encontrarán vías para sortearlas, como ya ha ocurrido en mercados donde se han implementado, y que el foco regulatorio debería situarse en las plataformas tecnológicas, no en los usuarios. En este sentido, Estonia defiende aplicar con mayor rigor el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que ya contempla sanciones relevantes para las compañías que gestionan datos de menores sin las garantías adecuadas.

Regular a las plataformas frente a limitar a los usuarios

La ministra de Educación, Kristina Kallas, ha sido una de las voces más críticas con el consenso europeo. Considera que trasladar la responsabilidad a los menores implica “enfocar mal el problema” y reclama una mayor contundencia de la Unión Europea frente a las grandes tecnológicas. En la misma línea, la ministra de Justicia y Asuntos Digitales, Liisa-Ly Pakosta, ha defendido que los jóvenes deben formar parte de la sociedad de la información, en lugar de ser excluidos de ella mediante restricciones.

El planteamiento estonio se apoya también en la experiencia reciente de otros países. En Australia, donde se implantó una de las primeras prohibiciones a menores de 16 años, los datos iniciales muestran que una gran parte de los usuarios continuaron accediendo a las plataformas mediante métodos alternativos como VPN o cuentas compartidas. Este precedente refuerza la tesis de Estonia: sin una regulación efectiva sobre las plataformas, las restricciones pueden convertirse en medidas simbólicas más que en soluciones reales.

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La discusión se trasladará ahora al desarrollo de la futura Digital Fairness Act de la Comisión Europea, que abordará cuestiones como los algoritmos, los patrones adictivos o el diseño de las plataformas. El Parlamento Europeo ya ha mostrado su apoyo a establecer una edad mínima digital de 16 años, pero la postura de países como Estonia abre un debate de fondo sobre dónde debe recaer la responsabilidad: regular el acceso de los menores o exigir mayor responsabilidad a las plataformas que diseñan los entornos digitales. Con el peso creciente de los algoritmos en la forma en que los jóvenes consumen contenido, Europa tendrá que decidir si limita el uso o redefine las reglas del sistema.