El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, una ambiciosa norma impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que encabeza Pablo Bustinduy. Con el foco puesto en la protección del medio ambiente y los derechos de los consumidores, el texto introduce un paquete de medidas sin precedentes que modificará sustancialmente el panorama de la publicidad, el consumo y la información comercial en España.
Entre las medidas más llamativas, se encuentra la prohibición de la publicidad de vuelos de corta distancia cuando exista una alternativa menos contaminante que no supere en más de dos horas y media el trayecto; así como el veto a la promoción de productos energéticos basados exclusivamente en combustibles fósiles, como la gasolina o el carbón. También se impedirá anunciar vehículos propulsados únicamente por este tipo de energía.
Un cambio de paradigma para la publicidad comercial
En línea con las nuevas directrices europeas, el anteproyecto prohíbe la publicidad de vuelos nacionales peninsulares que tengan una alternativa ferroviaria más sostenible, así como toda comunicación comercial relacionada con combustibles fósiles. Quedan fuera de esta limitación los anuncios que hagan referencia al gas o a fuentes energéticas mixtas.
Este veto se extiende también a vehículos térmicos convencionales, una categoría que comprende automóviles, furgonetas o camiones que funcionen exclusivamente con diésel o gasolina, siempre que no incorporen sistemas híbridos o componentes eléctricos.
El veto se extiende a vehículos térmicos convencionales que funcionen exclusivamente con diésel o gasolina
Estas restricciones sitúan a España en línea con países como Francia, donde medidas similares ya han sido aprobadas y debatidas intensamente por el sector publicitario y automovilístico.
“El objetivo de este Gobierno es incentivar a la industria para acelerar la transición productiva hacia modelos más sostenibles y accesibles”, ha explicado Bustinduy. “No podemos permitir que quienes más contaminan, que son los más ricos, sigan condicionando el futuro del planeta”.
Contra el miedo y el engaño verde
La norma también avanza sobre terrenos menos explorados hasta ahora. Por primera vez, se regulará la llamada “publicidad del miedo”, es decir, aquellas campañas que utilizan escenarios exagerados o improbables -como robos violentos o catástrofes- para generar ansiedad en el consumidor y promover productos de seguridad. Estas campañas deberán estar justificadas con datos objetivos o indicadores de riesgo verificados.
Asimismo, la ley combate de forma frontal el greenwashing, prohibiendo expresamente el uso de términos genéricos como “respetuoso con el medio ambiente”, “verde” o “biodegradable” si no están avalados por estudios técnicos verificables. También se podrá anular el registro de marcas cuyo nombre o apariencia gráfica induzcan a error sobre su desempeño medioambiental.
Por ejemplo, no podrá publicitarse una empresa llamada “EcoDrive” si sus vehículos no cumplen estándares ecológicos reconocidos.
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Obsolescencia programada y derecho a reparar
La nueva ley también refuerza el derecho de los consumidores a reparar sus productos, penalizando prácticas que acorten deliberadamente la vida útil de los bienes. Se extiende la garantía en 12 meses si el consumidor opta por reparar en lugar de sustituir. Además, fabricantes y distribuidores deberán asumir parte del coste de las reparaciones incluso fuera del período legal de garantía, lo que incentivará el mantenimiento y reducirá la generación de residuos.
Se prevé la creación de una plataforma pública de reparadores que permita al consumidor comparar precios y contratar reparaciones fácilmente
También se prevé la creación de una plataforma pública de reparadores que permita al consumidor comparar precios y contratar reparaciones fácilmente.
La norma prohíbe expresamente actualizaciones de software que degraden el funcionamiento de dispositivos o limiten artificialmente su durabilidad.
Reventa y reduflación bajo lupa
En el ámbito comercial, la ley actúa sobre dos fenómenos cada vez más visibles: la reventa abusiva de entradas y la reduflación.
En cuanto a la reventa, quedará prohibido incrementar el precio de reventa más allá del IPC. Esta medida complementa la ya vigente contra el uso de bots para acaparar entradas online.
Respecto a la reduflación -cuando un producto reduce su contenido sin avisar, manteniendo o subiendo el precio-, la ley obligará a las marcas a advertir de forma clara y visible cualquier cambio en el contenido o cantidad. Tendrán 90 días desde su lanzamiento para hacerlo de forma comprensible.
El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible traspone dos directivas europeas clave: la del derecho a reparar y la de empoderamiento para la transición ecológica. En palabras del propio Bustinduy, la intención es “construir un sistema de consumo más justo, transparente y compatible".
El texto del anteproyecto entra ahora en fase de audiencia e información pública, con el objetivo de recoger aportaciones y enriquecer la ley. Tras ello, el texto volverá a ser debatido en el Consejo de Ministros y enviado al Congreso para su aprobación.
