Diversas organizaciones británicas por los derechos humanos están preocupadas por la politización policial. Consideran que el cuerpo está abusando de las normativas que regulan las protestas con intención de intimidar a activistas y personas que se manifiestan de forma pacífica. Y para dar visibilidad a la cuestión han puesto en marcha una campaña que pone la publicidad exterior digital al servicio del derecho a protestar.
Lanzan el mensaje “Estoy protestando aquí dentro para evitar ser arrestado ahí fuera”
Greenpeace, Amnistía Internacional, Friends of the Earth y Liberty, en colaboración con la agencia creativa Elvis, están utilizando los soportes de Ocean Outdoor para acoger las pancartas que los manifestantes temen sacar a la calle por miedo a ser arrestados. Lanzan el mensaje “Estoy protestando aquí dentro para evitar ser arrestado ahí fuera”.
Los activistas aparecen en vídeos y gráficas en mupis digitales ubicados en zonas comerciales populares de Londres, Birmingham y Mánchester, de tal manera que parecen estar presentes físicamente en la calle, como si fuera una manifestación virtual. Cada uno representa una causa diferente, como los derechos de las personas con discapacidad, la guerra en Gaza, el cambio climático, el racismo, la contaminación por plásticos o la defensa del sistema de salud pública.
La campaña cuenta, para lograr una mayor visibilidad y notoriedad, con diferentes personalidades: Khalid Abdallah, actor y defensor de los derechos del pueblo palestino; Dra. Helen Salisbury, médica de familia y defensora del movimiento Keep Our NHS Public: Andy Greene, activista por los derechos de las personas con discapacidad e integrante de Disabled People Against the Cuts; Andrew McParland, activista climático y miembro del consejo de Greenpeace; Jen Reid, activista de Black Lives Matter; Sahanika Ratnayake, académica y activista medioambiental.
La campaña parte de una nueva investigación llevada a cabo por Greenpeace que revela que la Policía Metropolitana ha arrestado de forma habitual a manifestantes cuando existe una probabilidad extremadamente baja de que sean finalmente acusados. La organización señalan que entre 2012 y finales de 2018 se produjeron 67 arrestos y 8 cargos por conspiración para causar molestias públicas -delito recogido en la Ley de Policía, Crimen, Sentencias y Tribunales de 2022-, frente a 638 arrestos y 18 cargos desde 2019, lo que supone un incremento de casi diez veces en los arrestos. Además, la proporción de arrestos que acabaron en cargos bajó del 12% al 3%.
“El hecho de que la policía esté sacando sistemáticamente a manifestantes de las calles por un delito con el que casi nunca llegan a acusarlos constituye un abuso de poder y un ataque al derecho a protestar", ha comentado Areeba Hamid, Co-Directora Ejecutiva de Greenpeace Reino Unido, en un comunicado. "Arrestar a personas respetuosas de la ley por ser políticamente incómodas es un desarrollo alarmante en cualquier democracia y refleja la tendencia del gobierno a silenciar la libertad de expresión e impedir que la ciudadanía defienda causas que le importan profundamente”.
“El derecho a expresar desacuerdo con el gobierno es una prueba fundamental de si vives en un país libre y democrático”; ha señalado Khalid Abdallah, actor y defensor de los derechos del pueblo palestino. "No esperaba que fuera en Reino Unido donde la policía me investigaría por participar en una protesta pública. Durante seis meses viví con la amenaza de ser acusado, hasta que se confirmó que no se tomarían medidas adicionales. Está claro, según estas estadísticas, que mi caso no es aislado”.
La campaña, además, es un llamamiento de Greenpeace y las otras organizaciones al Ministro del Interior para que revierta las medidas contra las protestas incluidas en dos leyes aprobadas desde 2022. También reclaman al gobierno que elimine las cláusulas relativas a las protestas en el proyecto de ley sobre crimen y policía que actualmente se debate en el Parlamento.
El gobierno británico busca impulsar medidas como prohibir el uso de máscaras en las protestas o potenciar poderes para deportar a manifestantes con visados temporales si reciben una advertencia policial. Ante esto, la campaña anima a los ciudadanos a ponerse en contacto con sus representantes en las instituciones para defender el derecho fundamental a protestar.
